A la mitad de su tercer año de gestión, el presidente Javier Milei enfrenta un escenario cruzado por señales contradictorias. Mientras el oficialismo logra destrabar votaciones clave en el Congreso y consolida su capacidad de negociación parlamentaria, las encuestas describen un deterioro sostenido de la imagen presidencial y un humor social cada vez más golpeado por el pesimismo económico. Los análisis publicados por Perfil y La Nación coinciden en un mismo diagnóstico: el desgaste avanza, aunque todavía no encuentra una alternativa electoral que lo capitalice.

📌  RADIOGRAFÍA EN NÚMEROS

Fuentes: Giacobbe & Asociados, Monitor UBA, Pulso Research, Opinaia, CB Global Data y BAE Negocios. Los rangos reflejan diferencias metodológicas entre consultoras.

Los datos de opinión pública difundidos en las últimas semanas muestran un cuadro económico percibido con crudeza. Según Giacobbe & Asociados, el 58% de la población sostiene que la situación económica general empeora, un diagnóstico que el Monitor de la UBA eleva al 59%. En la misma línea, el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registró en julio una caída mensual del 6,5%, con un retroceso acumulado del 21,5% desde fines de 2025, de acuerdo con el análisis publicado por La Nación.

La imagen presidencial refleja el mismo movimiento descendente, aunque con matices según la consultora. Pulso Research ubicó la evaluación negativa de la gestión en 54,8% frente a un 37,2% de imagen positiva —el registro más bajo de su serie histórica—, según el repaso de cinco estudios de opinión pública que publicó Perfil entre marzo y julio. Otros relevamientos, como el de Opinaia, muestran un cuadro algo menos adverso: 46% de aprobación, con una leve recuperación respecto del piso registrado en junio.

Más allá de los números de gestión, el estado de ánimo social sigue siendo el indicador más elocuente. Un estudio del consultor Hugo Haime, citado por La Nación, encontró que el 42% de los argentinos se declara triste y desanimado, el 34% expresa bronca y solo el 20% se muestra contento y esperanzado con el rumbo del país.

El podio de las preocupaciones también se reordenó. Según la encuesta de Synopsis retomada por La Nación, la corrupción encabeza el ranking con el 33,4% de las menciones, seguida por el desempleo (28%), la educación (10,5%) y la inseguridad (9,2%); la inflación, en cambio, cayó al quinto lugar con apenas el 8,4%, pese a ser uno de los pocos frentes donde el Gobierno exhibe resultados concretos. Otras mediciones, como la de Opinaia, ubican al desempleo en el primer puesto con el 63% de menciones y a la pobreza en segundo lugar con el 59%.

Mientras el humor social se deteriora, el Congreso se convirtió en el escenario donde el oficialismo consigue mostrar resultados concretos. La aprobación de la reforma laboral en el Senado —con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones— fue calificada como la mayor victoria legislativa de la gestión, producto de la negociación liderada por la senadora Patricia Bullrich. A ese hito se sumó la sanción de la baja de la edad de imputabilidad, otra de las banderas históricas del espacio libertario.

Con apenas 95 de las 257 bancas en Diputados y 21 de las 72 del Senado, La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia y depende de acuerdos con bloques dialoguistas para destrabar cada votación. Para la segunda mitad del año, la mesa política definió como prioridades la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —que prohibiría el financiamiento del Tesoro vía emisión monetaria—, la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal y, como objetivo de mayor peso estratégico, la eliminación de las PASO de cara a las presidenciales de 2027.

No todas las iniciativas corren la misma suerte. El proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", vinculado a la extranjerización de tierras, llegó a Diputados con media sanción del Senado pero recortado de sus capítulos más controvertidos, luego de que una encuesta de CB Global Data revelara que el 77% de los consultados respalda limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. La discusión derivó incluso en una movilización frente al Congreso, un antecedente que el oficialismo evalúa como un límite social sensible.

El informe de Perfil, que compara cinco consultoras entre marzo y julio, identifica marzo como el punto de inflexión: fue entonces cuando, por primera vez desde el inicio de la gestión, una encuesta de Pulso Research mostró que más encuestados responsabilizaban al Gobierno actual (46,9%) que a la gestión anterior (41,6%) por la situación económica. El medio también destaca que la reforma laboral, pese a su éxito parlamentario, no logró instalarse como un triunfo político y fue leída por buena parte de la sociedad como una medida favorable a los empleadores.

Desde La Nación, dos columnas de opinión describen matices similares con lecturas distintas. En "Milei, ante el peligro de la ‘rigidez tóxica’", el análisis conecta la salida de Manuel Adorni del Gobierno con la persistencia del desgaste, pese a la baja de la inflación. En cambio, la columna "Milei y las encuestas: no está bien, pero tampoco tan mal" matiza el diagnóstico al recordar que, según un estudio comparativo, la aprobación actual del Gobierno es mayor que la que mostraban sus dos antecesores inmediatos a la misma altura de su gestión.

El dato más citado por los analistas es, sin embargo, una paradoja. Según Giacobbe & Asociados, por cada punto porcentual que retrocede la tolerancia social al ajuste, la intención de voto a La Libertad Avanza cae en torno a 0,9 puntos, una correlación casi matemática entre economía y política. Otras mediciones profundizan ese malestar: un estudio de CB Global Data encontró que el 54,5% de los consultados prefiere un cambio de gobierno frente a un 33,4% que respalda la continuidad, mientras que un sondeo de BAE Negocios elevó esa cifra al 61,9%.

Pese a ese deterioro, ningún espacio opositor logró hasta ahora capitalizar el descontento. El propio Mayol advirtió que el electorado que se aleja del oficialismo no migra hacia las opciones kirchneristas, lo que deja abierto uno de los interrogantes centrales de cara a 2027. En ese contexto, el oficialismo conserva algunas de las figuras mejor valoradas del tablero político: Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen positiva en la medición de Opinaia, seguida por el propio Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Con la mirada puesta en la reelección, la Casa Rosada definió tres ejes para lo que resta del año: sancionar la mayor cantidad posible de proyectos pendientes en el Congreso, profundizar el operativo electoral rumbo a 2027 y fortalecer los acuerdos con las provincias aliadas. El desafío de fondo, según coinciden los análisis de Perfil y La Nación, será sostener ese doble tablero —victorias legislativas puertas adentro del Congreso y un humor social que todavía no logra revertir— durante los meses decisivos que restan hasta la próxima elección presidencial.

Nota metodológica: las cifras citadas provienen de distintas consultoras (Giacobbe & Asociados, Pulso Research, Opinaia, UBA, Di Tella, Synopsis, CB Global Data, BAE Negocios, Hugo Haime), cada una con metodología y márgenes de error propios, por lo que los porcentajes deben leerse como tendencias antes que como cifras exactas comparables entre sí.

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📚  FUENTES CONSULTADAS

Perfil — Encuesta: cinco consultoras analizan cómo cambió la relación entre Milei y la opinión pública durante 2026

Perfil — Milei conserva su competitividad pese al malestar económico y LLA lleva su techo electoral al 55%

La Nación — Milei, ante el peligro de la "rigidez tóxica"

La Nación — Milei y las encuestas: no está bien, pero tampoco tan mal

La Nación — Milei vs. Cristina: la pelea internacional

Ámbito — Las encuestas muestran el desgaste de Milei, pero el oficialismo resiste como primera minoría

Infobae — Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre

BAE Negocios — Más del 61,9% votaría por un cambio en el Gobierno

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Preocupación por deudas

Crecen los reclamos por el sobregiro de tarjetas de crédito y el acoso financiero de las fintech

Uno de cada cuatro deudores argentinos ya no puede pagar lo que pidió. Mientras la mora se multiplicó casi cinco veces en 18 meses, las denuncias por hostigamiento de cobradores se triplicaron. Radiografía de una crisis silenciosa y de los derechos que protegen a los usuarios frente al acoso financiero.

🕒 Tiempo de lectura aproximado: 9 minutos

📅 Actualizado al 11 de agosto de 2026

Una bola de nieve que no para de crecer

En la Argentina de 2026, un nuevo perfil social terminó de consolidarse en las estadísticas del Banco Central: el ciudadano endeudado. No es un fenómeno marginal ni transitorio. Según el Monitor mensual de crédito a las familias, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora ECO GO, uno de cada cuatro deudores del país presenta hoy algún grado de mora, y ese porcentaje sube al 31% cuando el crédito proviene de una fintech o de un proveedor no financiero.

El sobregiro de la tarjeta de crédito —esa costumbre de pagar el mínimo mes a mes para sostener gastos que la inflación ya no licúa como antes— se transformó en una trampa para millones de familias de clase media y media baja. Prepagas de salud, colegios privados, vacaciones y consumo cotidiano que antes se financiaban con cuotas fijas hoy se convirtieron en saldos que crecen solos, mes tras mes, empujados por tasas que superan largamente la inflación.

Pero la crisis de la mora tiene, además de su cara visible en los números, una cara oculta: el hostigamiento sistemático que sufren miles de deudores por parte de agencias de cobranza, estudios jurídicos y aplicaciones de fintech que compraron o gestionan sus deudas impagas. Llamados a toda hora, mensajes a familiares y jefes, y hasta simulacros de notificaciones judiciales que nunca existieron.

El deterioro de la capacidad de pago de los hogares argentinos no es una percepción: está documentado mes a mes en la Central de Deudores del BCRA. El informe de la Universidad Austral y ECO GO, que accede a esa base de datos, muestra un derrumbe sostenido durante 20 meses consecutivos.

En diciembre de 2024, la mora total del crédito a personas físicas representaba apenas el 3,6% del monto otorgado. Un año después, en diciembre de 2025, ya había escalado al 12,6%. Y en junio de 2026, el último dato disponible, llegó al 17,5%: casi uno de cada seis pesos prestados en el país está hoy en situación irregular. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.

Fuente: Monitor mensual de crédito a las familias, Universidad Austral y ECO GO, sobre datos de la Central de Deudores del BCRA (junio de 2026).

La brecha entre bancos y fintech es uno de los datos más elocuentes del informe: los proveedores no financieros de crédito —entre ellos billeteras virtuales, tarjetas no bancarias y financieras de consumo— explican apenas el 14,1% del crédito total otorgado a personas físicas, pero concentran una mora del 31%, más del doble que la del sistema financiero tradicional.

El fenómeno no es parejo en todo el país. La Rioja encabeza el ranking de mora por monto con el 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo, La Pampa (9,1%) y CABA (11,9%) muestran los niveles más bajos. Un dato que llamó la atención de los autores del informe: tres de cada cuatro nuevos morosos identificados entre 2024 y 2026 ya tenían préstamos dos años atrás y venían pagando con normalidad. No son personas que se endeudaron de más: son personas que dejaron de poder pagar lo que ya debían.

Detrás de cada número de mora hay una persona que, además de no poder pagar, en muchos casos empieza a recibir llamados a cualquier hora, mensajes de WhatsApp con tono amenazante y, lo más grave, comunicaciones a familiares, compañeros de trabajo o vecinos informándoles sobre la deuda ajena.

Los datos oficiales de la Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores de la provincia de Buenos Aires reflejan la magnitud del fenómeno. Los reclamos por 'prácticas abusivas', bajo el submotivo 'acoso', pasaron de 393 casos en 2024 a 1.064 en 2025. Y entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2026 ya se habían acumulado 1.237 denuncias: más que en todo el año anterior, en apenas cinco meses.

Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense y titular de ese organismo, describió el patrón que se repite en la mayoría de los expedientes: llamados reiterados en horarios hábiles e inhábiles —incluyendo fines de semana—, mensajes por WhatsApp y correo electrónico, y hostigamiento dirigido no solo al deudor sino también a familiares, compañeros de trabajo y vecinos, a quienes se les divulgan datos personales y sensibles.

Los casos relevados corresponden mayormente a agencias de cobranza y estudios jurídicos que compraron carteras de créditos impagos a bancos y entidades financieras, tanto tradicionales como no tradicionales. Según datos del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), el pico de ventas de deuda al mercado secundario coincidió con la fuerte volatilidad de las tasas de interés y la caída del ingreso real registrada entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

En el caso de los trabajadores informales o no bancarizados, el frente de batalla se traslada a las aplicaciones de fintech como Mercado Pago, Naranja X o Ualá. Muchos usuarios descubren, cuando ya es tarde, que el sistema de cobranza puede contactar a sus contactos personales: la habilitación para hacerlo suele estar en los Términos y Condiciones que se aceptan al instalar la aplicación, sin que el usuario repare en esa cláusula.

No toda gestión de cobranza es ilegal: reclamar una deuda es un derecho del acreedor. El problema surge cuando esa gestión cruza límites que la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial establecen con claridad. Estas son las prácticas más denunciadas y su estatus legal:

La legislación argentina no exime a nadie de pagar lo que debe, pero sí regula estrictamente cómo se puede reclamar esa deuda. Estas son las normas centrales que amparan a los usuarios financieros frente al hostigamiento:

•     Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, artículo 8 bis — Garantiza el trato digno y prohíbe expresamente que la cobranza extrajudicial simule tener carácter judicial.

•     Ley 24.240, artículo 52 bis — Habilita el daño punitivo: si se simuló un proceso judicial inexistente, se contactó al empleador o se generó un daño moral documentable, un juez puede imponer una multa civil a favor del consumidor.

•     Código Civil y Comercial, artículo 770 — Declara nula la capitalización de intereses (anatocismo) antes de los seis meses de mora, una práctica frecuente en las fintech.

•     Comunicación 'A' 7146 del BCRA — Sujeta a las fintech que otorgan crédito (OPNFC) a la supervisión del Banco Central y al régimen de Protección de Usuarios de Servicios Financieros (PUSF), con un plazo de 20 días hábiles para responder reclamos.

A nivel de tasas, el propio Banco Central fija topes periódicos para el financiamiento con tarjetas emitidas por entidades no bancarias: mediante la Comunicación 'B' 13096/2025 estableció en 72,56% la tasa de referencia para préstamos personales sin garantía real, aplicable desde el ciclo de facturación de enero de 2026 y utilizada como techo para el costo del 'revolving' de tarjeta. A eso se suman el Costo Financiero Total (CFT), los seguros de saldo deudor y el IVA, que en la práctica elevan el costo real de financiar el pago mínimo muy por encima de esa cifra nominal.

Reclamar contra una cobranza abusiva no borra la deuda: son dos cuestiones distintas. Lo que se exige es que el proceso de cobro se desarrolle dentro de la ley, sin intimidación ni simulación de instancias judiciales inexistentes. Los especialistas en defensa del consumidor recomiendan los siguientes pasos:

•     Documentar todo: capturas de pantalla de mensajes, registro de horarios y cantidad de llamados, y nombres de las personas contactadas sin autorización.

•     Presentar la denuncia en la plataforma de Defensa del Consumidor (argentina.gob.ar) o en la Dirección provincial correspondiente al domicilio del denunciante.

•     Si el acreedor es un banco o una fintech regulada, sumar el reclamo en la plataforma de Usuarios Financieros del Banco Central, que genera presión regulatoria directa sobre la entidad.

•     Evaluar, con asesoramiento legal, la posibilidad de reclamar el daño punitivo previsto en el artículo 52 bis si hubo simulación de proceso judicial, contacto con el empleador o daño moral documentable.

•     Revisar si hubo capitalización de intereses antes de los seis meses de mora: esa práctica es nula según el artículo 770 del Código Civil y Comercial y puede impugnarse.

Mientras la mora se multiplica, ninguna fuerza política logró todavía interpretar con claridad a ese nuevo sujeto social que es el argentino endeudado. Se trata, en buena medida, del mismo electorado que respaldó el ajuste del gobierno de Javier Milei y que hoy convive con el deterioro de su propio estándar de vida, sin que ningún dirigente ofrezca un diagnóstico ni una respuesta concreta al problema del sobreendeudamiento.

En Córdoba, el reclamo llegó incluso a los gremios: la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y sindicatos de empleados públicos pidieron líneas de refinanciación al banco provincial Bancor para frenar los débitos automáticos que licuaban las cuentas sueldo de sus afiliados. Es una señal de que el fenómeno ya no golpea solo a los sectores informales, sino también a trabajadores registrados con ingresos fijos.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que el sobreendeudamiento de las familias es 'un problema entre privados'. Mientras tanto, avanza un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que recortaría algunas de sus facultades de intervención sobre la asignación del crédito, en momentos en que la mora acumula 20 meses consecutivos de crecimiento.

La combinación de tasas de financiamiento elevadas, ingresos que no acompañan la inflación acumulada y una industria de cobranza que en muchos casos opera al margen de la ley configura un cuadro que los propios investigadores describen como un 'drama social' más que un simple dato financiero. El desafío, para el sistema político y para los organismos de control, es doble: contener el crecimiento de la mora sin desproteger el crédito, y al mismo tiempo garantizar que reclamar una deuda no se convierta en una forma de violencia cotidiana hacia quienes ya no pueden pagarla.

Imágenes verificadas y disponibles en Wikimedia Commons para acompañar la publicación (uso bajo licencia Creative Commons, con atribución):

🖼️ Sede del Banco Central de la República Argentina, San Nicolás, CABA (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

❓ ¿Es legal que una fintech llame a mi jefe o a un familiar para reclamarme una deuda?

No. Contactar al empleador, familiares o vecinos para informarles sobre una deuda personal viola el artículo 8 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que garantiza el trato digno. Es una práctica abusiva que puede denunciarse ante Defensa del Consumidor y, si el acreedor es una entidad regulada, también ante el BCRA.

❓ ¿Puedo reclamar una indemnización si me hostigaron por una deuda?

Sí. El artículo 52 bis de la Ley 24.240 habilita el daño punitivo: si se simuló un proceso judicial inexistente, se contactó al empleador o se generó un daño moral documentable, un juez puede imponer una multa civil a favor del consumidor.

❓ ¿Denunciar el acoso de un cobrador borra o cancela la deuda?

No. Son dos cuestiones independientes: la denuncia por hostigamiento busca que el proceso de cobro respete la ley, mientras que la deuda en sí sigue vigente y debe negociarse o refinanciarse por separado con el acreedor.

❓ ¿Dónde se denuncia el acoso de una agencia de cobranza en Argentina?

Se puede iniciar en línea en argentina.gob.ar o en la Dirección de Defensa del Consumidor de cada provincia. Si el acreedor es un banco o una fintech regulada, conviene sumar el reclamo en la plataforma de Usuarios Financieros del Banco Central (BCRA), que cuenta con un plazo de 20 días hábiles para responder.

❓ ¿Por qué la mora es mayor en las fintech que en los bancos?

Según el informe de la Universidad Austral y ECO GO, la irregularidad del crédito no bancario alcanzó el 31% en junio de 2026, más del doble que el 15,2% del sistema financiero tradicional. Los especialistas lo asocian a un perfil de usuarios con menor acceso al crédito bancario, tasas más altas y menor capacidad de repago frente a la caída del ingreso real.

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Sobregiro de tarjeta y acoso de fintech: crece la mora en Argentina

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La mora se multiplicó por 5 en 18 meses y las denuncias por acoso de cobradores se triplicaron. Datos, marco legal y cómo reclamar en Argentina.

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🗓️ 10 de agosto de 2026     ⏱️ Lectura: 3 min     🏷️ Transporte · Aeropuertos · Concesiones

🏛️ PUJA POR LA INFRAESTRUCTURA AÉREA

El Gobierno analiza la prórroga de la concesión de terminales aéreas en medio de cruces por inversiones y rentabilidad con el sector empresario

El Ejecutivo negocia con Aeropuertos Argentina, del grupo Eurnekian, el futuro de las 35 terminales del país. Mientras la empresa reclama extender el contrato hasta 2056, el Estado exige inversiones verificables y advierte que no subirá las tasas aeroportuarias.

✍️  Redacción Economía   |   📍 Buenos Aires, Argentina

📊 LA NEGOCIACIÓN EN NÚMEROS

El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina, la empresa del grupo Corporación América vinculada a Eduardo Eurnekian, mantienen abierta una negociación clave para el futuro de la infraestructura aérea del país. El expediente involucra la concesión de 35 terminales aéreas y, según confirmaron fuentes oficiales, el objetivo declarado del Ejecutivo es cerrar un nuevo acuerdo antes de que termine 2026.

La discusión salió a la luz después de que trascendiera que un plan de obras superior a los 600 millones de dólares —previsto para Ezeiza, Aeroparque y otras terminales del interior— permanece frenado por la falta de un horizonte contractual definido. Sin certezas sobre el plazo de la concesión, la empresa no puede salir a buscar financiamiento internacional ni anunciar nuevas inversiones.

Las diferencias entre las partes se concentran en tres ejes centrales que hasta ahora impiden cerrar el acuerdo:

⏳  Plazo del contrato: la concesionaria pretende extender el vínculo hasta 2056, con una opción adicional de diez años, mientras el Gobierno busca atarlo a revisiones periódicas.

💰  Rentabilidad: el Estado exige que cualquier extensión esté condicionada al cumplimiento efectivo, exigible y verificable de los compromisos de inversión asumidos por la empresa.

🏗️  Financiamiento de obras: la compañía sostiene que necesita un horizonte contractual más largo para acceder a crédito internacional y ejecutar la modernización de las terminales.

La concesión de Aeropuertos Argentina data de 1998 y tenía vencimiento original en 2028. La extensión que hoy rige el contrato se firmó en diciembre de 2020, en plena pandemia, cuando el Poder Ejecutivo aprobó mediante el Decreto 1009/2020 una prórroga de diez años que llevó la vigencia hasta febrero de 2038.

Aquella decisión buscó compensar el derrumbe del tráfico aéreo durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, según fuentes oficiales, los ingresos del contrato cayeron cerca de un 50% respecto de lo proyectado apenas activada la prórroga, un desequilibrio que ningún ajuste tarifario logró compensar y que hoy vuelve a poner el vínculo sobre la mesa. El año pasado, la empresa y el ente regulador habían firmado un preacuerdo que contemplaba la extensión hasta 2056, pero ese entendimiento quedó sin efecto.

El plan de inversiones en discusión ronda los 600 millones de dólares y contempla la ampliación y modernización de las principales terminales del sistema. Entre las prioridades figuran Ezeiza y el sector internacional de Aeroparque Jorge Newbery —que en 2025 rozó los 18 millones de pasajeros—, además del aeropuerto de Mendoza, señalado como una de las terminales con mayor urgencia de ampliación en todo el país.

Mientras se define el nuevo esquema contractual, Aeropuertos Argentina se encuentra además próxima a completar el plan de inversiones de 606 millones de dólares que había quedado asociado a la prórroga de 2020.

La discusión contractual se da en simultáneo con una mejora sensible en los resultados financieros de la concesionaria. Durante el primer semestre de 2026, Aeropuertos Argentina registró una ganancia neta de 168.859 millones de pesos, un 72% superior a la de igual período del año anterior, y redujo su deuda financiera de 908.107 millones a 736.984 millones de pesos.

Esa recuperación en la rentabilidad de la compañía alimenta el reclamo oficial de mayores garantías de inversión a cambio de cualquier extensión del contrato, en un contexto en el que el Gobierno busca evitar que una prórroga se traduzca en beneficios extraordinarios para la empresa sin contrapartidas concretas para el sistema aeroportuario.

Según pudo saberse, quedó fuera de la mesa de negociación la posibilidad de aumentar las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas, en particular las extranjeras. El argumento oficial es que una suba de esos cargos restaría competitividad al país y podría afectar la cantidad de conexiones aéreas disponibles. Tampoco se considera viable, desde el Ejecutivo, una reducción de costos que termine deteriorando la calidad del servicio que reciben los pasajeros.

Tanto el Gobierno como la empresa coinciden, según trascendió, en la conveniencia de destrabar cuanto antes la incertidumbre contractual. Una prórroga de la indefinición podría afectar el ritmo de las inversiones y comprometer los recursos del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), al que la compañía realiza aportes regulares.

Por el momento, no existe un acuerdo cerrado. Las negociaciones continúan entre la Secretaría de Transporte, a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), y Aeropuertos Argentina, con la mira puesta en una definición antes de que termine el año.

Fotografías y material gráfico sobre las terminales mencionadas en esta nota pueden consultarse en las siguientes fuentes, disponibles en internet:

✈️  Terminal de Aeropuerto Internacional de Ezeiza — Aeropuertos Argentina 2000  ↗ Ver fuente

🛬  Aeroparque Jorge Newbery — Aeropuertos Argentina 2000  ↗ Ver fuente

🏢  Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)  ↗ Ver fuente

📰  La Nación — El Gobierno busca renegociar la concesión de Aeropuertos Argentina, pero rechaza las condiciones de la empresa  ↗ Ver fuente

📰  Infobae — El Gobierno asegura que renegociará la concesión de los principales aeropuertos del país antes de fin de año  ↗ Ver fuente

📰  Infobae — Más de USD 600 millones en obras aeroportuarias frenados por la indefinición del contrato con el Estado  ↗ Ver fuente

📰  REPORTUR — Aeropuertos Argentina: el Gobierno renegociará la concesión  ↗ Ver fuente

📰  Perfil  ↗ Ver fuente

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Nota: documento generado con fines periodísticos informativos a partir de fuentes públicas citadas. Verificar vigencia de cifras y estado de la negociación al momento de la publicación.

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El Gobierno nacional retrocedió en uno de los puntos más resistidos de su agenda de reformas: la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Tras semanas de negociación y ante la falta de votos propios en el Senado, La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que flexibilizaba las restricciones vigentes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión, confirmada el miércoles 5 de agosto, representó una nueva concesión del oficialismo y el segundo capítulo que debió resignar desde el ingreso de la iniciativa al Congreso, después de haber retirado también, durante el debate en comisiones, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Horas más tarde, sobre el cierre de una sesión maratónica de casi doce horas, el bloque oficialista debió sacrificar además el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, ante la falta de respaldos suficientes. Recién entonces, pasada la 1.40 de la madrugada del viernes, el Senado dio media sanción al resto del proyecto por 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones.

La reforma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, proponía modificar la Ley 26.737, el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. El proyecto oficial buscaba elevar del 15% al 25% el límite de titularidad extranjera sobre tierras rurales productivas por distrito, flexibilizando un esquema que hasta ahora limitaba la extranjerización del suelo agrario argentino.

La iniciativa generó un rechazo transversal: organizaciones ambientales, sociales, políticas y del sector agropecuario advirtieron sobre el carácter finito e irrecuperable de la tierra una vez vendida, y cuestionaron que la reforma no contemplara ventajas concretas para los productores locales. A esa resistencia se sumó la de gobernadores aliados y de sectores dialoguistas, que en otras oportunidades habían acompañado proyectos del Ejecutivo pero esta vez condicionaron su apoyo.

La defensa oficial, antes del retroceso

Antes de que el capítulo cayera definitivamente, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había intentado destrabar la resistencia presentando un dictamen modificado que incorporaba límites explícitos para Estados extranjeros, en un intento por diferenciar la compra de tierras por parte de privados extranjeros de la de gobiernos foráneos.

El conteo de bancas terminó siendo el factor decisivo. Varios senadores de bloques aliados, incluidos legisladores vinculados a gobernadores provinciales, se pronunciaron en contra de ampliar el porcentaje de extranjerización, dejando en evidencia que La Libertad Avanza no contaba con los apoyos necesarios para sostener la reforma en el recinto.

A esa presión legislativa se sumó la movilización social. Organizaciones ambientales, sindicales y de la economía popular convocaron a una marcha frente al Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, a la que adhirieron artistas y referentes públicos. La proximidad de esa protesta terminó de inclinar a varios senadores dialoguistas hacia el rechazo del capítulo, según reconstruyeron distintas coberturas del debate parlamentario.

●    Rechazo de gobernadores aliados que condicionaron su apoyo al retiro del capítulo.

●    Movilización social convocada frente al Congreso para la sesión clave.

●    Ausencia de argumentos que convencieran a los bloques dialoguistas sobre la necesidad de la reforma.

●    Antecedente reciente: marcha atrás del Gobierno con un decreto que había generado otro conflicto político días antes.

Aunque perdió dos de sus capítulos más resistidos, el proyecto conservó el núcleo de la reforma que el Ejecutivo consideraba prioritario: los cambios en materia de desalojos, expropiaciones y regularización dominial. La siguiente tabla resume el estado final de cada capítulo tras la sesión del 6 y 7 de agosto.

El proceso que derivó en la media sanción recortada se extendió por casi cinco meses, con postergaciones sucesivas y un cuarto intermedio de tres semanas antes de la votación definitiva.

La jornada del 6 de agosto estuvo marcada por fuertes disturbios en las inmediaciones del Congreso, donde fuerzas de seguridad federales utilizaron camiones hidrantes durante la marcha convocada en rechazo al proyecto. Dentro del recinto, una moción de la oposición para devolver la iniciativa a comisión fue rechazada por 38 votos contra 31, lo que anticipó que el oficialismo lograría la media sanción en general.

Tras casi doce horas de debate, el Senado aprobó el proyecto por 37 votos afirmativos contra 33 negativos, sin abstenciones. La votación en particular, capítulo por capítulo, incorporó modificaciones adicionales en varios artículos antes de que la iniciativa quedara en condiciones de girarse a la Cámara de Diputados.

Con media sanción del Senado, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —ya sin los capítulos de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego— pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá atravesar un nuevo debate en comisiones y en el recinto para convertirse en ley. Los capítulos vigentes que llegan a la Cámara baja incluyen el endurecimiento de las condiciones para las expropiaciones, la aceleración de los procesos de desalojo y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

El resultado dejó, según coincidieron distintos análisis políticos, un antecedente relevante de cara a futuras negociaciones legislativas: la capacidad de movilización social y la resistencia de los bloques provinciales lograron torcer una de las reformas más ambiciosas del paquete de desregulación impulsado por el equipo económico.

❓ ¿Qué es la Ley de Tierras Rurales que el Gobierno buscaba modificar?

Es la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales, fijando límites a la titularidad de extranjeros sobre suelo productivo argentino.

❓ ¿Por qué el Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras?

Por falta de votos propios en el Senado: gobernadores aliados y bloques dialoguistas rechazaron ampliar el límite de tierras en manos extranjeras, en un contexto de fuerte movilización social en contra de la iniciativa.

❓ ¿Qué otros capítulos se cayeron del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?

Además de la Ley de Tierras, el oficialismo debió retirar sobre el cierre del debate el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, ante la falta de respaldos suficientes en el recinto.

❓ ¿Qué partes del proyecto sí obtuvieron media sanción?

El Senado aprobó por 37 votos contra 33 los capítulos sobre desalojos exprés, endurecimiento del régimen de expropiaciones y modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

❓ ¿Qué pasa ahora con el proyecto?

Pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse en comisiones y en el recinto para convertirse en ley definitiva.

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Marcha atrás en la Ley de Tierras: el Gobierno retrocede en el Senado | midire.ar

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El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras del Senado por falta de votos. Claves, cronología y qué sigue vigente del proyecto de propiedad privada.

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Nota redactada con base en fuentes primarias (versión taquigráfica del Senado, comunicado oficial de prensa del Senado) y coberturas periodísticas verificadas (La Nación, Infobae, Perfil, El Destape, Parlamentario, elDiarioAR). Se recomienda incluir enlace a la fuente oficial del expediente PE-13/2026 y actualizar la nota cuando el proyecto ingrese a Diputados.

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