Dos importantes bancos de inversión de Estados Unidos, Morgan Stanley y Bank of America, publicaron informes sobre el escenario macroeconómico de Argentina y sus perspectivas para el mercado financiero en 2025. Ambos coincidieron en la importancia de que el país logre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en un proceso gradual de eliminación del cepo cambiario.

Perspectivas de Morgan Stanley

El informe de Morgan Stanley advirtió que la cuenta corriente de Argentina mostró señales de deterioro en la segunda mitad de 2024. Sin embargo, señaló que un superávit en la cuenta financiera podría compensar este déficit. La entidad proyectó un desembolso inicial de USD 5.000 millones por parte del FMI en 2025, como parte de un programa que podría alcanzar los USD 20.000 millones, sujeto al cumplimiento de condiciones fiscales y monetarias.

Según el análisis, la eliminación de las restricciones cambiarias será progresiva y dependerá de la acumulación de reservas internacionales. Morgan Stanley estimó que el Banco Central de Argentina (BCRA) podría aumentar sus reservas netas en USD 7.000 millones durante el año, lo que brindaría margen para una mayor flexibilización del acceso al mercado de cambios.

Análisis de Bank of America

Por su parte, Bank of America destacó que la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno argentino permitió reducir el riesgo país y mejorar el acceso al financiamiento externo. El banco coincidió con la expectativa de un acuerdo con el FMI en el primer semestre de 2025, específicamente antes de abril. Además, proyectó que los desembolsos iniciales podrían oscilar entre USD 5.000 y USD 10.000 millones, lo que fortalecería la posición del BCRA.

Acumulación de reservas y estrategia de salida del cepo

Morgan Stanley analizó en detalle la relación entre la política cambiaria y la acumulación de reservas. Según sus proyecciones, la cuenta financiera del país podría generar un superávit de USD 9.800 millones en 2025, impulsado por desembolsos de organismos multilaterales, financiamiento corporativo y compras de divisas del sector privado.

En este escenario, la salida del cepo cambiario se daría de manera escalonada. La entidad proyectó que el Gobierno avanzaría en la normalización del pago de importaciones y en la flexibilización del acceso al dólar financiero. Sin embargo, mantendría restricciones sobre la compra de divisas por parte de individuos y empresas hasta que las reservas alcancen un nivel adecuado.

Acuerdo con el FMI y acceso al crédito internacional

Bank of America subrayó que el éxito del programa económico en marcha dependerá de la capacidad del Gobierno para negociar un nuevo acuerdo con el FMI. Este acuerdo permitiría refinanciar los pagos de deuda y mejorar la sostenibilidad fiscal.

Morgan Stanley también enfatizó que la relación con el FMI es determinante para la evolución del riesgo país. Si el Gobierno logra avanzar en un nuevo programa con metas fiscales y monetarias creíbles, los bonos soberanos podrían continuar con su tendencia alcista, mejorando las condiciones de financiamiento.

No obstante, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a las especulaciones del mercado sobre el acuerdo con el FMI. En su cuenta de X (antes Twitter), ironizó: "Nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo es correcto. ¡Difícil errarle en todo, pero lo están logrando!".

Riesgos y desafíos para el programa económico

Ambos bancos identificaron varios riesgos que podrían afectar la estabilidad económica y financiera de Argentina en 2025. Entre los principales factores de incertidumbre destacaron:

1. Retrasos en la negociación con el FMI, lo que podría generar tensiones en el mercado de deuda.
2. Un nivel insuficiente de reservas internacionales, que dificultaría una salida ordenada del cepo cambiario.
3. Un contexto de apreciación real del peso, que podría perjudicar la competitividad de las exportaciones.
4. Shocks externos que afecten el acceso al financiamiento, relacionados también con la apreciación cambiaria.

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Voraz incendio en Epuyén (Chubut).

Un feroz incendio forestal en Epuyén, donde cientos de personas tuvieron que ser evacuadas y varias casas fueron destruidas. Las altas temperaturas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h dificultaron los trabajos de contención.

La evacuación de cientos de personas y la destrucción de varias viviendas. Las altas temperaturas y los fuertes vientos han dificultado los esfuerzos de los bomberos para contener el fuego. Entre los evacuados se encuentra el intendente José Contreras, quien también tuvo que abandonar su hogar debido al avance del incendio.

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Duro informe de Amnistía Internacional sobre el protocolo anti-piquetes: "Disenso en riesgo"

Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves un informe en el que denunció el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte del gobierno de Javier Milei en respuesta a las manifestaciones. Según la organización, las fuerzas de seguridad federales siguieron un patrón represivo en función del "protocolo anti-piquetes" impulsado por la ministra Patricia Bullrich.

Qué dice el informe de Amnistía Internacional

Según AI, el informe sobre la represión de la protesta social arrojó cifras alarmantes: durante 15 manifestaciones, 1.155 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves. De estas, 33 recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, lo que les ocasionó daños severos en la visión. Además, 50 periodistas fueron heridos mientras cubrían las protestas.

En total, 73 personas fueron "criminalizadas" por participar en las manifestaciones. El informe detalla que entre las prácticas represivas documentadas se incluyen el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes, golpes porras y bastones, y detenciones arbitrarias. "Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva", sostuvo el texto de la organización.

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, explicó que el informe revela una clara restricción del ejercicio de la libertad de expresión "en las calles" y un "achicamiento del espacio cívico".

Con respecto a los datos que sustentan el informe, García Rey señaló que la organización recurrió a diversas metodologías, como pedidos de acceso a información pública al estado nacional, los cuales fueron en muchos casos "denegados por el Ministerio de Seguridad de la Nación".

 30 testimonios de víctimas que sufrieron el uso desproporcionado de la fuerza. También relevamos imágenes porque, ahora, las redes sociales habilitan muchísimo más la difusión", explicó.

En este sentido, remarcó la importancia de visibilizar la violencia, asegurando que "dar cuenta de la situación de alarma frente a la violencia" busca poner de manifiesto cómo se utiliza la fuerza para coartar el disenso y "silenciar las voces". La representante de Amnistía en Argentina también destacó que, si bien el país "tiene un uso de la calle muy activo", esto no justifica la respuesta represiva del gobierno.

"Sin duda, Argentina tiene un uso de la calle muy activo y, seguramente, era necesario darnos un debate robusto sobre la canalización de los reclamos populares al Gobierno. Pero la respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo", señaló.

En tanto, la organización considera que la represión de las protestas no solo infringe derechos fundamentales, sino que también genera un efecto inhibitorio sobre la participación ciudadana y el ejercicio de la democracia.

Recomendaciones al Gobierno nacional

A modo de conclusión, el informe concluye con una serie de recomendaciones al gobierno de Milei. "Amnistía Internacional urge al Gobierno argentino a adoptar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales", enfatiza el texto.

Entre estas medidas, se destaca la derogación del protocolo anti-piquetes, una normativa que, según la organización, "no solo vulnera derechos humanos fundamentales, sino que también contribuye a la criminalización de quienes se manifiestan". Además, instan a la implementación de regulaciones policiales y capacitaciones que se alineen con los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso de la fuerza.

"El uso de la fuerza por parte de las autoridades debe estar enmarcado en principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos", concluye el informe.

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Policiales

Investigan la sospechosa muerte de un juez federal que intervenía en una causa vinculada a Los Monos

Se trata de Pablo Seró, quien tenía a su cargo el caso del secuestro del empresario Gastón Tallone. La fiscal María Occhi baraja la hipótesis del suicidio, pero aún falta que se realicen pericias

La Policía de Entre Ríos investiga la sospechosa muerte del juez federal Pablo Andrés Seró, quien hoy a la mañana falleció al caer desde la terraza de un edificio en la ciudad de Concepción del Uruguay. Se trata del magistrado que intervenía en el caso del secuestro y desaparición del empresario Gastón Tallone, vinculado a la banda narco Los Monos.

Según informaron medios locales, el trágico hecho ocurrió pasadas las 10 de este jueves en el edificio Antares, ubicado en calle General Galarza al 600, justo en la intersección con Eva Duarte de Perón.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial consultadas por Infobae explicaron que, hasta el momento, la principal y única hipótesis que baraja el equipo de la fiscal María Occhi, quien se encontraba de turno al momento del hecho, es la de muerte por autodeterminación. No obstante, se aguardarán los resultados de las pericias para confirmar las circunstancias en las que el Seró cayó al vacío.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, en el edificio desde donde cayó Seró reside actualmente su madre, quien no se encontraba en el domicilio al momento del hecho.

Seró, de 55 años, titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, murió en el acto producto de las graves heridas que sufrió tras caer al vacío.

Una de las causas más pesadas que se tramitaban en su juzgado era la del secuestro de Tallone. Por ese caso habían detenido hace diez días a Gustavo Juliá, quien cumplió una condena de 13 años de cárcel por narcotráfico en España. Es el hijo del brigadier José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem

El secuestro del empresario portuario de Entre Ríos ocurrió en Almagro, pero tiene conexiones con su labor en esa zona y con la banda de Los Monos. Juliá hijo es dueño de uno de los autos que ejecutó la maniobra delictiva.

El rapto habría sido, según se sospecha, por una deuda de 500.000 dólares con ese grupo del crimen organizado.

Según documentos de la causa a los que accedió Infobae, el abogado José Uriburu, vinculado a Los Monos, habría hecho el primer llamado extorsivo a la familia de Tallone para reclamar ese dinero: “Buenas noches cumpa, la cosa es corta. El ladrón está acá con nosotros y está bien. O devuelven la droga y los 500 mil dólares que se robó y todo se termina y él vuelve, le robó a todos los narcos y ahora toca pagar. Si baten la cana bajamos y vamos por todos ustedes y sus ayudantes. Con la mafia no se jode”, habría dicho.

El esclarecimiento del caso está a cargo de los fiscales Josefina Minata y Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada. El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay había procesado al abogado Uriburu y a un supuesto entregador del empresario.

Quién era el juez Pablo Seró

Nacido el 23 de mayo de 1969 en la localidad correntina de Goya, el doctor Seró se graduó de abogado en la Universidad Nacional del Nordeste en 1994 y asumió en 2012 como titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, desde donde se desempeñaba en la función pública con todos los delitos federales de la ciudad y la zona.

El magistrado, referente de la Justicia entrerriana, supo estar vinculado a causas de gran interés público, entre ellas la investigación al supuesto ciudadano iraní que se presentaba como Asan Azad, detenido en junio de 2022 sin documentación personal cuando intentó comprar un pasaje en Concepción del Uruguay con un DNI argentino de otra persona.

En el lugar trabaja el personal de la Policía de Entre Ríos junto a la División de Criminalística. Fuentes del caso precisaron a este medio que, hasta pasadas las 13.30, los investigadores todavía no habían logrado encontrar el teléfono celular de Seró.

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