Avanza la privatización de AySA: el Gobierno habilita la venta de acciones y los cortes por falta de pago

El DNU 493/2025 abre la puerta a la privatización de la empresa de agua y saneamiento del AMBA y autoriza suspender el servicio ante mora. El agua, un derecho esencial, entra en debate.

El Gobierno nacional formalizó un nuevo paso hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al habilitar la venta de acciones de la empresa estatal, permitir el ingreso de capital privado y autorizar los cortes del servicio de agua por falta de pago.

Esta medida se enmarca en una reforma integral del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Cambios en la estructura accionaria

La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que el 90% del capital social de AySA pertenece al Estado Nacional y disponía que estas acciones eran "intransferibles" y que esa proporción "no podría ser disminuida como consecuencia de operación social alguna".

Con la nueva regulación, se determinó que "el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria", habilitando oficialmente la privatización total o parcial de la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA.

Nuevas facultades para la gestión

El decreto incorpora una serie de autorizaciones adicionales para la empresa concesionaria, siendo la más controvertida la posibilidad de interrumpir el suministro ante deudas de los usuarios. Las principales atribuciones incorporadas incluyen:

• Corte del servicio por mora: La empresa podrá suspender el suministro en caso de falta de pago, una medida que no estaba permitida durante casi dos décadas.
• Amplias facultades de auditoría: Tendrá competencias extendidas para revisar y auditar técnicamente todas las obras ejecutadas dentro del área regulada.
• Garantías financieras: Podrá constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del contrato de concesión para respaldar el financiamiento destinado a la prestación del servicio público.
• Revisiones tarifarias: El nuevo marco permite revisiones tarifarias ordinarias y extraordinarias, con ajustes automáticos en períodos no superiores a tres meses.

Plan Director de Mejora Estratégica

La reforma encomienda a la Agencia de Planificación (APLA) la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica que debe establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público, incluyendo programaciones de proyectos, fuentes de financiamiento y organismos ejecutores.

El decreto establece que el contrato de concesión podrá prever un régimen de transición para permitir una implementación ordenada y progresiva de las nuevas disposiciones por un período máximo de cinco años una vez formalizada la privatización, con el objetivo de mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato.

Justificación gubernamental

En el texto oficial, el Gobierno argumenta los cambios sosteniendo que "el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura".

Asimismo, la administración justifica la medida en el "contexto de profunda crisis económica" que "limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público". Esta situación crítica, según el decreto, "se evidencia en el creciente deterioro operativo y financiero de AySA, cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad".

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