El Gobierno impulsa la reforma de la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias

El Ejecutivo confirmó que la baja de la edad de imputabilidad será debatida en febrero junto a la reforma laboral

El gobierno nacional confirmó este lunes la inclusión de la reforma de la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que iniciarán la próxima semana. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión estratégica en Casa Rosada que contó con la participación del núcleo político del oficialismo.

La iniciativa, que busca modificar el actual régimen de responsabilidad penal para menores, se suma así a otros proyectos prioritarios del Ejecutivo, como la modernización laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, configurando una agenda legislativa de alto impacto para el mes de febrero.

Una mesa política de alto nivel

La definición se tomó durante una reunión en Casa Rosada en la que participaron Karina Milei, secretaria de Presidencia; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora Patricia Bullrich.

A través de su cuenta en la red social X, Adorni ratificó la decisión: "Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La 'Ley Penal Juvenil' también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias".

¿Qué propone la reforma?

El proyecto presentado originalmente por el Poder Ejecutivo en 2024 propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque durante el debate parlamentario previo hubo tensiones sobre este punto. Los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, proponían que se estableciera en 13 años; los diputados la fijaron en 14.

El dictamen que obtuvo consenso en comisiones durante 2025 incluía aspectos más amplios que la simple modificación de la edad: su finalidad es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.

Entre las disposiciones contempladas se encuentran garantías procesales específicas para menores, como el derecho a defensa desde el inicio del proceso, la privación de libertad como última medida, y el alojamiento exclusivo en establecimientos especializados. Las sanciones aplicadas en ningún caso pueden implicar una interrupción de los estudios.

Un debate inconcluso que vuelve a escena

El proyecto ya había transitado un extenso debate durante 2025. La discusión se extendió durante nueve meses y reunió 15 proyectos distintos; el dictamen nunca llegó al recinto, perdió estado parlamentario, obligando al Ejecutivo a reiniciar el proceso desde cero.

Fuentes oficiales confirmaron que el gobierno podría volver a presentar su versión original, aunque durante la negociación previa debió ceder en puntos clave. El texto establecía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.

El contexto político y los casos que aceleraron la decisión

La reactivación del debate se produce en un contexto marcado por casos criminales que involucraron a menores de edad y generaron repercusión mediática. Los casos más recientes incluyen el homicidio de Joaquín Ibarra, de 21 años, y la muerte de Uriel Giménez, de 12, además del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.

Patricia Bullrich, actual senadora y exministra de Seguridad, fue contundente en sus redes sociales: "La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes".

Posiciones encontradas

El proyecto enfrenta una fuerte resistencia de sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y referentes de la Iglesia Católica. Según un informe de UNICEF no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población.

Los críticos advierten que un adolescente de 14 años condenado por un delito grave podría recibir una pena mayor a su propia edad, lo que atenta contra toda posibilidad de que esa persona pueda tener una vida más allá de la cárcel.

El kirchnerismo ya manifestó su rechazo frontal durante el debate en comisiones de 2025, aunque el Frente Renovador mostró fisuras internas, con legisladores dispuestos a apoyar la iniciativa.

Próximos pasos

Las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo lunes 2 de febrero y se extenderán hasta el 27 del mismo mes. Con un mapa parlamentario renovado tras las elecciones de 2025, el oficialismo confía en reunir los apoyos necesarios para avanzar con esta reforma que promete convertirse en uno de los debates más intensos del año legislativo.

Cerrar