ARGENTINA TIENE NUEVA LEY LABORAL

ARGENTINA  •  POLÍTICA NACIONAL  •  6 DE MARZO DE 2026

—  REFORMA LABORAL  •  LEY Nº 27.802  —

⚖️  ARGENTINA TIENE NUEVA LEY LABORAL

Milei promulgó el Decreto 137/2026 y pone en vigencia la reforma más profunda al mercado de trabajo en tres décadas. La CGT reaccionó de inmediato con un amparo judicial.

⏱ Tiempo de lectura: aprox. 8 minutos   •   🗓️  6 de marzo de 2026   •   📰  Fuentes: Infobae, La Nación, Ámbito, Perfil, TN

A las pocas horas del amanecer del viernes 6 de marzo, cuando la mayoría de los argentinos todavía dormía, el Boletín Oficial publicó el Decreto 137/2026: la promulgación de la Ley Nº 27.802, denominada Ley de Modernización Laboral. Con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Gobierno consumó la que considera su mayor victoria legislativa desde la llegada a la Casa Rosada. En menos de doce horas, el mundo sindical respondía con sus propias armas: un amparo judicial.

La historia de esta ley comenzó meses antes de su publicación. El Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso durante las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Milei, en el marco de una agenda legislativa de máxima prioridad para el Gobierno. La Cámara de Senadores otorgó media sanción el 12 de febrero, pero la norma regresó al recinto luego de que Diputados eliminara el artículo 44 del texto original —referido a las licencias médicas—, uno de los puntos más sensibles del debate.

El 27 de febrero, el Senado dio la aprobación definitiva con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. Una semana exacta después, en la madrugada del viernes, el Ejecutivo completó el ciclo con la promulgación. Según el texto del decreto: “En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026”.

Para el oficialismo, la norma representa el cierre de un ciclo: el fin de un modelo laboral que consideran obsoleto, litigioso y desincentivador de la inversión. Para los sindicatos y parte de la oposición, en cambio, es un retroceso histórico en los derechos adquiridos por los trabajadores.

La ley introduce modificaciones profundas en varios pilares del derecho laboral argentino. A continuación, los puntos centrales:

1.  Indemnizaciones por despido

El cálculo de la indemnización por despido sin causa ya no incluirá el aguinaldo, las vacaciones ni premios: solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual. Además, la indemnización pasa a ser la única reparación económica por el despido. La actualización de créditos laborales se calculará por IPC más un 3% anual.

2.  Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crea un fondo financiado con aportes mensuales de empleadores: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes. Su finalidad es cubrir costos de desvinculación. Entrará en vigor el 1º de junio de 2026 y solo responderá tras recibir al menos seis aportes mensuales. No aplicará a trabajadores no registrados.

3.  Empleo no registrado: fin de las multas

Se eliminan las sanciones de la Ley 24.013 para casos de empleo en negro o registración deficiente. En su lugar se instrumenta un esquema de incentivos: los empleadores que regularicen trabajadores no abonarán multas, aunque sí deberán cancelar diferencias salariales y previsionales. El Programa de Promoción del Empleo Registrado prevé la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes.

4.  Derecho a huelga: restricción en servicios esenciales

En actividades declaradas “servicio esencial” —salud, agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica, control portuario— deberá garantizarse el 75% del personal en actividad durante medidas de fuerza. En servicios “trascendentales”, el piso es del 50%. La participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos se establece como causal de despido con justa causa.

5.  Negociación colectiva y sindicatos

Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar el contenido de convenios de ámbito menor, descentralizando la negociación y reduciendo el peso de los sindicatos nacionales. Se elimina la ultraactividad automática: los convenios vencidos ya no seguirán rigiendo de forma indefinida, obligando a una nueva negociación desde cero. Los empleadores ya no podrán actuar como agentes de retención de cuotas sindicales sin la autorización expresa del trabajador.

6.  Plataformas digitales y trabajadores independientes

La ley incorpora explícitamente a “trabajadores independientes y sus colaboradores” y a “prestadores independientes de plataformas tecnológicas” entre los excluidos del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, aclarando que esa relación no implica subordinación ni dependencia laboral.

Apenas horas después de la publicación en el Boletín Oficial, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo judicial. La presentación, firmada por el triunvirato de conducción conformado por Octavio Argüello, Jorge Solá y Cristían Jerónimo, fue sorteada al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico.

El amparo no ataca la totalidad de la reforma. En un movimiento estratégico, la central obrera concentró su primer planteo exclusivamente en los artículos 90 y 91 de la ley, que regulan el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La CGT solicitó una medida cautelar de “no innovar” que suspenda de inmediato la operatividad de esos artículos.

Según el argumento de la central obrera, el traslado del fuero laboral a la Ciudad vulnera requisitos constitucionales vigentes para este tipo de traspasos —advertencia que había hecho pública incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel durante el debate parlamentario. Además, el acuerdo de transferencia fue habilitado mediante el Decreto 95/2026, que autorizó al jefe de Gabinete Manuel Adorni a firmarlo sin intervención de la Comisión Bicameral.

Para la CGT, el trasfondo operativo también es crítico: el cierre de 30 juzgados de primera instancia y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) afectaría miles de causas en trámite y generaría incertidumbre sobre la situación laboral y previsional de empleados y funcionarios judiciales.

El primer amparo no es el único frente. La CGT ya anticipó que presentará una segunda cautelar en el fuero laboral y promoverá acciones individuales por parte de distintos gremios. La elección del fuero contencioso para el primer amparo —en lugar del laboral— responde a un cálculo estratégico: el equipo jurídico de la CGT, asesorado por constitucionalistas como Alberto García Lema, tema que los juzgados laborales nacionales puedan actuar con cautela ante la perspectiva de quedar bajo la órbita porteña.

La CGT sostiene que la reforma viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en sus derechos fundamentales: protección contra el despido arbitrario, derecho a huelga, negociación colectiva, libre agremiación y seguridad social. La central también invoca el principio de progresividad y el principio protectorio del derecho del trabajo, con respaldo en el Pacto de San José de Costa Rica.

El antecedente más próximo data de fines de 2023, cuando la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández declaró la invalidez de seis artículos del DNU 70/2023. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: en aquel caso se trataba de un decreto de necesidad y urgencia; ahora es una ley sancionada por el Congreso, lo que le otorga mayor peso institucional y complica el escenario judicial para los impugnadores.

Lejos de sorprenderse, el Ejecutivo esperaba la reacción judicial. Semanas antes de la promulgación, la Casa Rosada ya tenía delineado un equipo legal para defender la norma en los tribunales. El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio —designado el mismo día de la promulgación— será el encargado de representar al Estado en las causas.

El Gobierno planea apelar en todas las instancias posibles e incluso anticipan que la disputa llegará a la Corte Suprema en el mediano plazo. El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remarcó que la reforma laboral es “un tema de especial prioridad para el Presidente” y que el proceso legal será defendido con plena convocatoria institucional.

Desde Balcarce 50 argumentan que la CGT no tendría legitimación activa para cuestionar aspectos institucionales del rediseño del sistema judicial laboral, y que los antecedentes de la Corte Suprema avalan reorganizaciones previas del fuero laboral en CABA. Además, señalan que, a diferencia del DNU 70/2023, la nueva norma goza del respaldo del voto parlamentario.

Las reacciones no se limitaron al plano sindical. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó reparos formales sobre la manera en que la norma fue tratada en el Congreso, especialmente respecto al traspaso del fuero. Desde el gobierno de Jorge Macri en la Ciudad, en cambio, expresaron su intención de que la transición del fuero laboral se realice de manera ordenada.

En el plano académico, el abogado laboral Lucas Battiston sintetizó la paradoja de la norma: la denominada Ley de Modernización Laboral intenta regular el trabajo del siglo XXI con categorías conceptuales propias del siglo XX. Para especialistas del sector tecnológico, como el CEO de SkyOnline Rafael Ibáñez, la integración de inteligencia artificial en el trabajo requerirá marcos normativos más ambiciosos que los ahora promulgados.

📋  CLAVES DEL CONFLICTO

“La disputa no termina en el Boletín Oficial. Recién empieza en los tribunales. La batalla por el futuro del trabajo argentino se librará, una vez más, en los pasillos de Tribunales.”

— Redacción especial  •  7 de marzo de 2026

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