⚖ JUDICIAL  ·  POLÍTICA  ·  INVESTIGACIÓN

Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), ex propietarias del inmueble de la calle Miró al 500, declaran esta tarde ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. La operación se escrituró en US$230.000: Adorni sólo abonó US$30.000 al momento de la firma y quedó debiendo los US$200.000 restantes, sin intereses, con vencimiento en noviembre de 2026. El juez Ariel Lijo ya levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa. La causa escala.

Graciela Molina y Victoria Cancio llegaron el lunes a Comodoro Py. Este miércoles es el turno de Viegas y Sbabo. (Fuentes: Infobae / La Nación)

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que recae sobre Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de la Nación y ex vocero presidencial de Javier Milei, ingresó esta semana en una etapa probatoria de alto voltaje político y judicial. El expediente, instruido por el juez federal Ariel Lijo y delegado en la fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita, acumula denuncias sobre operaciones inmobiliarias que habrían superado ampliamente la capacidad económica declarada del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

La investigación se originó a partir de una denuncia formal presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló inconsistencias entre el patrimonio declarado de Adorni y las adquisiciones realizadas durante su gestión en el gobierno. A esa denuncia se sumaron alertas por un viaje en avión privado a Punta del Este y diversas operaciones de financiación inmobiliaria con particulares, sin intervención del sistema bancario formal.

Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, son las protagonistas centrales de la jornada judicial de este miércoles 15 de abril. Ambas mujeres son las ex propietarias del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, el inmueble que Manuel Adorni escrituró junto a su esposa Bettina Angeletti en noviembre de 2025.

La operación de compraventa quedó documentada en un valor declarado de US$230.000. Sin embargo, el dato que encendió las alarmas judiciales fue el mecanismo de financiación: Adorni abonó apenas US$30.000 al momento de la escritura y las propias vendedoras —las dos jubiladas— le financiaron los US$200.000 restantes, sin cobrarle intereses, con vencimiento en noviembre de 2026.

Según la documentación incorporada al expediente y los dichos de la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de la operación, se trató de una modalidad de "financiación directa de vendedores": una venta pactada en cuotas y no un préstamo de capital externo. No obstante, la fiscalía busca determinar si ese mecanismo fue legítimo o si se utilizó para disimular el origen de los fondos, especialmente porque el valor declarado de la propiedad contrasta con otros indicadores del caso.

El fiscal Pollicita tomará declaración testimonial a las dos mujeres y, además, les requerirá que se presenten con sus teléfonos celulares. El objetivo es acceder a los registros de llamadas, mensajes de texto, audios, correos electrónicos e imágenes relacionados con las operaciones bajo investigación. Este procedimiento se ha convertido en un patrón en la causa: también a Graciela Molina y Victoria Cancio —que declararon el lunes— se les incautó información de sus dispositivos.

Antes del turno de Viegas y Sbabo, el lunes 13 de abril declararon ante el fiscal Pollicita otras dos acreedoras de Adorni: Graciela Isabel Molina, comisaria retirada de la Policía, y su hija Victoria María José Cancio, contadora activa en la misma fuerza.

Madre e hija figuran como prestamistas de US$100.000 al Jefe de Gabinete, divididos en US$85.000 (Molina) y US$15.000 (Cancio), entregados el 15 de noviembre de 2024. Esa fecha no es un detalle menor: coincide exactamente con el día en que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, compró la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Como garantía, Adorni ofreció una hipoteca sobre el departamento que habitaba entonces en la avenida Asamblea al 1100, en el barrio de Parque Chacabuco. Durante su declaración, las testigos confirmaron que el funcionario ya les devolvió US$30.000, pero todavía les debe US$70.000 más los intereses pactados al 11% anual en 24 cuotas mensuales. El plazo de vencimiento es noviembre de 2026.

Un detalle de color judicial: minutos antes de ingresar a declarar, Graciela Molina recibió un mensaje de WhatsApp con un emoji de apoyo enviado desde el teléfono de la escribana Nechevenko. La comunicación fue considerada relevante por el fiscal y quedó formalmente incorporada al expediente.

La causa acumula un volumen considerable de elementos probatorios que el fiscal Pollicita está procesando en forma paralela a las declaraciones testimoniales. A continuación, el detalle del acervo probatorio hasta el 15 de abril de 2026:

El elemento más llamativo de la causa no es la existencia de deudas —algo en sí mismo legal— sino la naturaleza de las mismas: préstamos de particulares sin intervención bancaria, con condiciones favorables que difícilmente se consigan en el mercado formal (sin intereses en algunos casos, o a tasas muy por debajo del promedio del segmento informal).

La fiscalía apunta a reconstruir la "ruta de los fondos": cómo llegó el dinero a manos de las prestamistas, si tenían capacidad económica suficiente para justificar los montos entregados y si esos fondos fueron utilizados por Adorni para adquisiciones simultáneas con su esposa.

Un dato señalado en el expediente indica que los US$100.000 prestados por Molina y Cancio el 15 de noviembre de 2024 habrían sido utilizados ese mismo día para la compra de la casa en el country Indio Cuá. La esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría llevado ese efectivo a una sucursal del Banco Galicia para depositarlo y luego transferirlo al vendedor de la propiedad, Juan Ernesto Cosentino.

La escribana Adriana Nechevenko ocupa un lugar central en el entramado del expediente. Participó en las escrituras de al menos dos de los inmuebles investigados e intervino en la documentación de los préstamos hipotecarios entre privados. Ante el fiscal, negó la existencia de préstamos en efectivo y describió las operaciones como transacciones "normales", enmarcadas en la modalidad de financiación directa entre vendedor y comprador.

Sin embargo, al ser consultada sobre cómo fue posible que dos jubiladas con ingresos fijos prestaran US$200.000 sin intereses, la escribana no pudo o no quiso dar explicaciones: "Eso hay que preguntárselo a él", fue su respuesta, según fuentes judiciales. La declaración dejó más interrogantes que certezas y motivó que el fiscal avanzara con la solicitud de levantamiento del secreto bancario y fiscal.

Un episodio llamativo: al día siguiente de su declaración, Nechevenko regresó espontáneamente a los tribunales federales de Comodoro Py, sin haber sido convocada. Según trascendió desde el entorno judicial, fue a realizar aclaraciones y a entregar su teléfono celular, que había dicho olvidarse el día anterior.

El expediente ingresó en una etapa de aceleración que los operadores judiciales describen como "crucero": el levantamiento del secreto fiscal y bancario abrió canales de información que la fiscalía procesará en las próximas semanas. Estos son los principales frentes abiertos:

El eje central de la investigación es determinar si Manuel Adorni experimentó un enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 268 del Código Penal argentino, que castiga al funcionario público que al ser debidamente requerido no pudiere justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable. La pena prevista es de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

En paralelo, la causa abre una ventana sobre la figura de la financiación hipotecaria entre privados como mecanismo alternativo al sistema bancario formal: una práctica que, si bien existe y en muchos casos es legítima, queda expuesta al escrutinio judicial cuando involucra a funcionarios públicos obligados a rendir cuentas de su patrimonio.

📚 FUENTES Y VERIFICACIÓN

Infobae: Las jubiladas que financiaron el departamento de Adorni en Caballito declararán hoy en Comodoro Py

La Nación: Las dos prestamistas de Adorni declararon que les debe US$70.000 más los intereses

Infobae — Lijo secreto fiscal: El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa

Minuto Uno: Caso Manuel Adorni: las jubiladas prestamistas confirmaron que el funcionario les debe US$70.000

Agencia Comunas: El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa

⚖ Periodismo judicial independiente · Cobertura verificada con múltiples fuentes · Argentina 2026

Cerrar