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Preocupación por deudas

Crecen los reclamos por el sobregiro de tarjetas de crédito y el acoso financiero de las fintech

Uno de cada cuatro deudores argentinos ya no puede pagar lo que pidió. Mientras la mora se multiplicó casi cinco veces en 18 meses, las denuncias por hostigamiento de cobradores se triplicaron. Radiografía de una crisis silenciosa y de los derechos que protegen a los usuarios frente al acoso financiero.

🕒 Tiempo de lectura aproximado: 9 minutos

📅 Actualizado al 11 de agosto de 2026

Una bola de nieve que no para de crecer

En la Argentina de 2026, un nuevo perfil social terminó de consolidarse en las estadísticas del Banco Central: el ciudadano endeudado. No es un fenómeno marginal ni transitorio. Según el Monitor mensual de crédito a las familias, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora ECO GO, uno de cada cuatro deudores del país presenta hoy algún grado de mora, y ese porcentaje sube al 31% cuando el crédito proviene de una fintech o de un proveedor no financiero.

El sobregiro de la tarjeta de crédito —esa costumbre de pagar el mínimo mes a mes para sostener gastos que la inflación ya no licúa como antes— se transformó en una trampa para millones de familias de clase media y media baja. Prepagas de salud, colegios privados, vacaciones y consumo cotidiano que antes se financiaban con cuotas fijas hoy se convirtieron en saldos que crecen solos, mes tras mes, empujados por tasas que superan largamente la inflación.

Pero la crisis de la mora tiene, además de su cara visible en los números, una cara oculta: el hostigamiento sistemático que sufren miles de deudores por parte de agencias de cobranza, estudios jurídicos y aplicaciones de fintech que compraron o gestionan sus deudas impagas. Llamados a toda hora, mensajes a familiares y jefes, y hasta simulacros de notificaciones judiciales que nunca existieron.

El deterioro de la capacidad de pago de los hogares argentinos no es una percepción: está documentado mes a mes en la Central de Deudores del BCRA. El informe de la Universidad Austral y ECO GO, que accede a esa base de datos, muestra un derrumbe sostenido durante 20 meses consecutivos.

En diciembre de 2024, la mora total del crédito a personas físicas representaba apenas el 3,6% del monto otorgado. Un año después, en diciembre de 2025, ya había escalado al 12,6%. Y en junio de 2026, el último dato disponible, llegó al 17,5%: casi uno de cada seis pesos prestados en el país está hoy en situación irregular. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.

Fuente: Monitor mensual de crédito a las familias, Universidad Austral y ECO GO, sobre datos de la Central de Deudores del BCRA (junio de 2026).

La brecha entre bancos y fintech es uno de los datos más elocuentes del informe: los proveedores no financieros de crédito —entre ellos billeteras virtuales, tarjetas no bancarias y financieras de consumo— explican apenas el 14,1% del crédito total otorgado a personas físicas, pero concentran una mora del 31%, más del doble que la del sistema financiero tradicional.

El fenómeno no es parejo en todo el país. La Rioja encabeza el ranking de mora por monto con el 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo, La Pampa (9,1%) y CABA (11,9%) muestran los niveles más bajos. Un dato que llamó la atención de los autores del informe: tres de cada cuatro nuevos morosos identificados entre 2024 y 2026 ya tenían préstamos dos años atrás y venían pagando con normalidad. No son personas que se endeudaron de más: son personas que dejaron de poder pagar lo que ya debían.

Detrás de cada número de mora hay una persona que, además de no poder pagar, en muchos casos empieza a recibir llamados a cualquier hora, mensajes de WhatsApp con tono amenazante y, lo más grave, comunicaciones a familiares, compañeros de trabajo o vecinos informándoles sobre la deuda ajena.

Los datos oficiales de la Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores de la provincia de Buenos Aires reflejan la magnitud del fenómeno. Los reclamos por 'prácticas abusivas', bajo el submotivo 'acoso', pasaron de 393 casos en 2024 a 1.064 en 2025. Y entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2026 ya se habían acumulado 1.237 denuncias: más que en todo el año anterior, en apenas cinco meses.

Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense y titular de ese organismo, describió el patrón que se repite en la mayoría de los expedientes: llamados reiterados en horarios hábiles e inhábiles —incluyendo fines de semana—, mensajes por WhatsApp y correo electrónico, y hostigamiento dirigido no solo al deudor sino también a familiares, compañeros de trabajo y vecinos, a quienes se les divulgan datos personales y sensibles.

Los casos relevados corresponden mayormente a agencias de cobranza y estudios jurídicos que compraron carteras de créditos impagos a bancos y entidades financieras, tanto tradicionales como no tradicionales. Según datos del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), el pico de ventas de deuda al mercado secundario coincidió con la fuerte volatilidad de las tasas de interés y la caída del ingreso real registrada entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

En el caso de los trabajadores informales o no bancarizados, el frente de batalla se traslada a las aplicaciones de fintech como Mercado Pago, Naranja X o Ualá. Muchos usuarios descubren, cuando ya es tarde, que el sistema de cobranza puede contactar a sus contactos personales: la habilitación para hacerlo suele estar en los Términos y Condiciones que se aceptan al instalar la aplicación, sin que el usuario repare en esa cláusula.

No toda gestión de cobranza es ilegal: reclamar una deuda es un derecho del acreedor. El problema surge cuando esa gestión cruza límites que la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial establecen con claridad. Estas son las prácticas más denunciadas y su estatus legal:

La legislación argentina no exime a nadie de pagar lo que debe, pero sí regula estrictamente cómo se puede reclamar esa deuda. Estas son las normas centrales que amparan a los usuarios financieros frente al hostigamiento:

•     Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, artículo 8 bis — Garantiza el trato digno y prohíbe expresamente que la cobranza extrajudicial simule tener carácter judicial.

•     Ley 24.240, artículo 52 bis — Habilita el daño punitivo: si se simuló un proceso judicial inexistente, se contactó al empleador o se generó un daño moral documentable, un juez puede imponer una multa civil a favor del consumidor.

•     Código Civil y Comercial, artículo 770 — Declara nula la capitalización de intereses (anatocismo) antes de los seis meses de mora, una práctica frecuente en las fintech.

•     Comunicación 'A' 7146 del BCRA — Sujeta a las fintech que otorgan crédito (OPNFC) a la supervisión del Banco Central y al régimen de Protección de Usuarios de Servicios Financieros (PUSF), con un plazo de 20 días hábiles para responder reclamos.

A nivel de tasas, el propio Banco Central fija topes periódicos para el financiamiento con tarjetas emitidas por entidades no bancarias: mediante la Comunicación 'B' 13096/2025 estableció en 72,56% la tasa de referencia para préstamos personales sin garantía real, aplicable desde el ciclo de facturación de enero de 2026 y utilizada como techo para el costo del 'revolving' de tarjeta. A eso se suman el Costo Financiero Total (CFT), los seguros de saldo deudor y el IVA, que en la práctica elevan el costo real de financiar el pago mínimo muy por encima de esa cifra nominal.

Reclamar contra una cobranza abusiva no borra la deuda: son dos cuestiones distintas. Lo que se exige es que el proceso de cobro se desarrolle dentro de la ley, sin intimidación ni simulación de instancias judiciales inexistentes. Los especialistas en defensa del consumidor recomiendan los siguientes pasos:

•     Documentar todo: capturas de pantalla de mensajes, registro de horarios y cantidad de llamados, y nombres de las personas contactadas sin autorización.

•     Presentar la denuncia en la plataforma de Defensa del Consumidor (argentina.gob.ar) o en la Dirección provincial correspondiente al domicilio del denunciante.

•     Si el acreedor es un banco o una fintech regulada, sumar el reclamo en la plataforma de Usuarios Financieros del Banco Central, que genera presión regulatoria directa sobre la entidad.

•     Evaluar, con asesoramiento legal, la posibilidad de reclamar el daño punitivo previsto en el artículo 52 bis si hubo simulación de proceso judicial, contacto con el empleador o daño moral documentable.

•     Revisar si hubo capitalización de intereses antes de los seis meses de mora: esa práctica es nula según el artículo 770 del Código Civil y Comercial y puede impugnarse.

Mientras la mora se multiplica, ninguna fuerza política logró todavía interpretar con claridad a ese nuevo sujeto social que es el argentino endeudado. Se trata, en buena medida, del mismo electorado que respaldó el ajuste del gobierno de Javier Milei y que hoy convive con el deterioro de su propio estándar de vida, sin que ningún dirigente ofrezca un diagnóstico ni una respuesta concreta al problema del sobreendeudamiento.

En Córdoba, el reclamo llegó incluso a los gremios: la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y sindicatos de empleados públicos pidieron líneas de refinanciación al banco provincial Bancor para frenar los débitos automáticos que licuaban las cuentas sueldo de sus afiliados. Es una señal de que el fenómeno ya no golpea solo a los sectores informales, sino también a trabajadores registrados con ingresos fijos.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que el sobreendeudamiento de las familias es 'un problema entre privados'. Mientras tanto, avanza un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que recortaría algunas de sus facultades de intervención sobre la asignación del crédito, en momentos en que la mora acumula 20 meses consecutivos de crecimiento.

La combinación de tasas de financiamiento elevadas, ingresos que no acompañan la inflación acumulada y una industria de cobranza que en muchos casos opera al margen de la ley configura un cuadro que los propios investigadores describen como un 'drama social' más que un simple dato financiero. El desafío, para el sistema político y para los organismos de control, es doble: contener el crecimiento de la mora sin desproteger el crédito, y al mismo tiempo garantizar que reclamar una deuda no se convierta en una forma de violencia cotidiana hacia quienes ya no pueden pagarla.

Imágenes verificadas y disponibles en Wikimedia Commons para acompañar la publicación (uso bajo licencia Creative Commons, con atribución):

🖼️ Sede del Banco Central de la República Argentina, San Nicolás, CABA (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

❓ ¿Es legal que una fintech llame a mi jefe o a un familiar para reclamarme una deuda?

No. Contactar al empleador, familiares o vecinos para informarles sobre una deuda personal viola el artículo 8 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que garantiza el trato digno. Es una práctica abusiva que puede denunciarse ante Defensa del Consumidor y, si el acreedor es una entidad regulada, también ante el BCRA.

❓ ¿Puedo reclamar una indemnización si me hostigaron por una deuda?

Sí. El artículo 52 bis de la Ley 24.240 habilita el daño punitivo: si se simuló un proceso judicial inexistente, se contactó al empleador o se generó un daño moral documentable, un juez puede imponer una multa civil a favor del consumidor.

❓ ¿Denunciar el acoso de un cobrador borra o cancela la deuda?

No. Son dos cuestiones independientes: la denuncia por hostigamiento busca que el proceso de cobro respete la ley, mientras que la deuda en sí sigue vigente y debe negociarse o refinanciarse por separado con el acreedor.

❓ ¿Dónde se denuncia el acoso de una agencia de cobranza en Argentina?

Se puede iniciar en línea en argentina.gob.ar o en la Dirección de Defensa del Consumidor de cada provincia. Si el acreedor es un banco o una fintech regulada, conviene sumar el reclamo en la plataforma de Usuarios Financieros del Banco Central (BCRA), que cuenta con un plazo de 20 días hábiles para responder.

❓ ¿Por qué la mora es mayor en las fintech que en los bancos?

Según el informe de la Universidad Austral y ECO GO, la irregularidad del crédito no bancario alcanzó el 31% en junio de 2026, más del doble que el 15,2% del sistema financiero tradicional. Los especialistas lo asocian a un perfil de usuarios con menor acceso al crédito bancario, tasas más altas y menor capacidad de repago frente a la caída del ingreso real.

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Sobregiro de tarjeta y acoso de fintech: crece la mora en Argentina

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La mora se multiplicó por 5 en 18 meses y las denuncias por acoso de cobradores se triplicaron. Datos, marco legal y cómo reclamar en Argentina.

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